Aldo Marinozzi
La restitución por el Estado provincial santafesino de la Biblioteca Popular Vigil a sus socios, 35 años después de la intervención durante la dictadura militar, intenta reparar uno de los mayores daños causados por el Terrorismo de Estado a la educación popular.
La intervención del complejo educativo Biblioteca Popular “Constancio C. Vigil”, iniciada en 1977, se prolongó una vez retornada la democracia hasta el jueves último, cuando la Legislatura provincial sancionó una ley que es en sí misma una metáfora de las limitaciones –rayanas en la impotencia- que todas las administraciones que se sucedieron desde diciembre de 1983 han tenido para saldar la deuda.
El proyecto de ley propuesto por los socios de la Biblioteca, que adoptaron el diputado kirchnerista Luis Rubeo (h) y el senador radical Hugo Rasetto, habla de “donación” y no de “restitución” -como hubiera sido correcto- a sus legítimos dueños de los bienes que la dictadura expropió, mal administró y saqueó.
Esta ley fue posible además por la derogación del decreto provincial de intervención a “La Vigil”, persistentemente reclamada desde el retorno de la democracia por Rubén Naranjo (creador de la Escuela de Artes Visuales de la Biblioteca, entre otras funciones, fallecido en 2005), lo que luego dio origen a todas las resoluciones y actuaciones del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).
La figura de la “donación” obedece a la necesidad de cumplir con las normas administrativas provinciales, pero los propios autores del proyecto admiten la improcedencia del término.
“La restitución es un acto que debe hacer la Justicia, por eso aceptamos la palabra donación”, sostiene Celina Duri, ex alumna y hoy vocal suplente de la comisión de socios que recibirá los bienes, en un proceso que se prolongará por un año, según fija la ley, y que será pautado junto al Ejecutivo provincial luego de que la norma sea promulgada esta semana, según el compromiso asumido por el vicegobernador y titular del Senado, Jorge Henn.
Duri alude así a la causa abierta por delitos de lesa humanidad en la que se investiga la desaparición de Carlos Martínez, presidente de la cooperadora en 1977, y el cautiverio de los demás miembros de la conducción de la Biblioteca Vigil.
A ello hay que añadir los delitos económicos cometidos durante una intervención que, paradójicamente, se inició con la excusa de investigar una administración fraudulenta que luego no dio lugar ni siquiera a una sola acusación en sede judicial.
Plagada de irregularidades, la intervención dejó como saldo la desaparición durante la dictadura de Martínez y de dos docentes, a los que se suman una veintena de socios y alumnos.
La Biblioteca fue creada por trabajadores y vecinos de clase media del barrio de Tablada, en la populosa zona sur de Rosario. Su mutual, con más de 20.000 asociados, y los institutos que abarcaban todos los niveles de la enseñanza pública, con un total de 3.000 alumnos, sostuvieron un proyecto pedagógico de avanzada.
“La Vigil”, como se la conoció popularmente, incluía tres escuelas normales de artes (cine, teatro, plástica) y oficios (talleres); una biblioteca popular; una editorial (la primera en publicar a Juan José Saer y las obras completas de Juan L. Ortiz); una biblioteca de 120 mil volúmenes; hemeroteca, cinemateca y discoteca; un observatorio astronómico; un camping de 30 hectáreas y una isla de tres mil hectáreas frente a Rosario para experimentación biológica.
Si bien la excusa formal para la intervención fueron los problemas económicos que la mutual afrontó tras el crack económico conocido como “Rodrigazo”, la decisión adoptada por la dictadura tuvo como verdadero fin cerrar la Biblioteca y terminar con esta experiencia educativa popular autónoma, que nunca requirió de fondos públicos.
Apenas tres meses después de la intervención decretada en febrero del 77, el coronel Sócrates Alvarado decidió la liquidación de un activo de 5 millones de dólares para afrontar un pasivo que no superaba los 100 mil dólares, surgido de los premios que la mutual de la biblioteca no había podido pagar a quienes los ganaron en la rifa con que “La Vigil” sustentaba todas sus actividades, y gracias a la cual los alumnos solo abonaban una cuota simbólica.
Los gobiernos democráticos continuaron luego sosteniendo la lógica de la intervención militar y se siguieron liquidando honorarios hasta totalizar unos 700.000 dólares durante años, para todos los interventores y sus colaboradores.
De ese patrimonio de cinco millones de dólares, solo una pequeña parte, muy deteriorada, será devuelta ahora. Según las denuncias de los socios, más del 85% de los bienes se vendió en forma directa y no por subasta pública, como establecen tanto la ley de mutuales como el propio estatuto de la Biblioteca.
Además de haberse liquidado 40 inmuebles, en estos 35 años se perdieron una lente fabricada especialmente en Alemania para el telescopio del Observatorio, mientras que unos 30 mil volúmenes recién impresos por la editorial y documentación de la biblioteca fueron quemados frente a uno de los edificios de la mutual.
Uno de los agravantes de todo este proceso es que nunca hubo una contraparte de la intervención. “La Vigil” no tuvo defensor ni representante, lo que implicó la ausencia del más elemental derecho de defensa. Esto fue así desde el principio, ya que cuando la intervención se inició, toda la conducción, e inclusive el síndico, estaban detenidos a disposición del PEN.
Y esa contraparte tampoco funcionó en democracia sino hasta ahora, en que se juzga el accionar del Terrorismo de Estado, del que parece ser una potente metáfora lo sucedido con los leones, pumas y otros animales embalsamados que componían la colección del Museo de Ciencias Naturales de la Biblioteca, sobre los que los militares que custodiaban el edificio en la intervención disparaban y practicaban tiro al blanco.
“La Vigil” nació y fue siempre una institución de barrio en la que no hubo intelectual de prestigio en Rosario que quedara al margen. Fue refugio de muchos de los docentes que quedaron afuera de la Universidad en la Noche de los Bastones Largos.
“El gran mérito fue que gente sin formación académica, algunos sin secundaria, supo sumar y dirigir a otra gente intelectualmente muy capacitada; y la dirección siempre estuvo en manos de las personas del barrio, que obviamente no fueron cuatro iletrados”, sostenía Raúl Frutos, uno de los socios fundadores y creador del sistema de biblioteca abierta.
Frutos no llegó a ver la restitución por la que tanto luchó, pero alcanzó a prestar testimonio en la causa judicial y su figura estuvo presente en muchos de los discursos en una jornada en la que se intentó reparar en algo el daño causado.
El proyecto de ley propuesto por los socios de la Biblioteca, que adoptaron el diputado kirchnerista Luis Rubeo (h) y el senador radical Hugo Rasetto, habla de “donación” y no de “restitución” -como hubiera sido correcto- a sus legítimos dueños de los bienes que la dictadura expropió, mal administró y saqueó.
Esta ley fue posible además por la derogación del decreto provincial de intervención a “La Vigil”, persistentemente reclamada desde el retorno de la democracia por Rubén Naranjo (creador de la Escuela de Artes Visuales de la Biblioteca, entre otras funciones, fallecido en 2005), lo que luego dio origen a todas las resoluciones y actuaciones del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).
La figura de la “donación” obedece a la necesidad de cumplir con las normas administrativas provinciales, pero los propios autores del proyecto admiten la improcedencia del término.
“La restitución es un acto que debe hacer la Justicia, por eso aceptamos la palabra donación”, sostiene Celina Duri, ex alumna y hoy vocal suplente de la comisión de socios que recibirá los bienes, en un proceso que se prolongará por un año, según fija la ley, y que será pautado junto al Ejecutivo provincial luego de que la norma sea promulgada esta semana, según el compromiso asumido por el vicegobernador y titular del Senado, Jorge Henn.
Duri alude así a la causa abierta por delitos de lesa humanidad en la que se investiga la desaparición de Carlos Martínez, presidente de la cooperadora en 1977, y el cautiverio de los demás miembros de la conducción de la Biblioteca Vigil.
A ello hay que añadir los delitos económicos cometidos durante una intervención que, paradójicamente, se inició con la excusa de investigar una administración fraudulenta que luego no dio lugar ni siquiera a una sola acusación en sede judicial.
Plagada de irregularidades, la intervención dejó como saldo la desaparición durante la dictadura de Martínez y de dos docentes, a los que se suman una veintena de socios y alumnos.
La Biblioteca fue creada por trabajadores y vecinos de clase media del barrio de Tablada, en la populosa zona sur de Rosario. Su mutual, con más de 20.000 asociados, y los institutos que abarcaban todos los niveles de la enseñanza pública, con un total de 3.000 alumnos, sostuvieron un proyecto pedagógico de avanzada.
“La Vigil”, como se la conoció popularmente, incluía tres escuelas normales de artes (cine, teatro, plástica) y oficios (talleres); una biblioteca popular; una editorial (la primera en publicar a Juan José Saer y las obras completas de Juan L. Ortiz); una biblioteca de 120 mil volúmenes; hemeroteca, cinemateca y discoteca; un observatorio astronómico; un camping de 30 hectáreas y una isla de tres mil hectáreas frente a Rosario para experimentación biológica.
Si bien la excusa formal para la intervención fueron los problemas económicos que la mutual afrontó tras el crack económico conocido como “Rodrigazo”, la decisión adoptada por la dictadura tuvo como verdadero fin cerrar la Biblioteca y terminar con esta experiencia educativa popular autónoma, que nunca requirió de fondos públicos.
Apenas tres meses después de la intervención decretada en febrero del 77, el coronel Sócrates Alvarado decidió la liquidación de un activo de 5 millones de dólares para afrontar un pasivo que no superaba los 100 mil dólares, surgido de los premios que la mutual de la biblioteca no había podido pagar a quienes los ganaron en la rifa con que “La Vigil” sustentaba todas sus actividades, y gracias a la cual los alumnos solo abonaban una cuota simbólica.
Los gobiernos democráticos continuaron luego sosteniendo la lógica de la intervención militar y se siguieron liquidando honorarios hasta totalizar unos 700.000 dólares durante años, para todos los interventores y sus colaboradores.
De ese patrimonio de cinco millones de dólares, solo una pequeña parte, muy deteriorada, será devuelta ahora. Según las denuncias de los socios, más del 85% de los bienes se vendió en forma directa y no por subasta pública, como establecen tanto la ley de mutuales como el propio estatuto de la Biblioteca.
Además de haberse liquidado 40 inmuebles, en estos 35 años se perdieron una lente fabricada especialmente en Alemania para el telescopio del Observatorio, mientras que unos 30 mil volúmenes recién impresos por la editorial y documentación de la biblioteca fueron quemados frente a uno de los edificios de la mutual.
Uno de los agravantes de todo este proceso es que nunca hubo una contraparte de la intervención. “La Vigil” no tuvo defensor ni representante, lo que implicó la ausencia del más elemental derecho de defensa. Esto fue así desde el principio, ya que cuando la intervención se inició, toda la conducción, e inclusive el síndico, estaban detenidos a disposición del PEN.
Y esa contraparte tampoco funcionó en democracia sino hasta ahora, en que se juzga el accionar del Terrorismo de Estado, del que parece ser una potente metáfora lo sucedido con los leones, pumas y otros animales embalsamados que componían la colección del Museo de Ciencias Naturales de la Biblioteca, sobre los que los militares que custodiaban el edificio en la intervención disparaban y practicaban tiro al blanco.
“La Vigil” nació y fue siempre una institución de barrio en la que no hubo intelectual de prestigio en Rosario que quedara al margen. Fue refugio de muchos de los docentes que quedaron afuera de la Universidad en la Noche de los Bastones Largos.
“El gran mérito fue que gente sin formación académica, algunos sin secundaria, supo sumar y dirigir a otra gente intelectualmente muy capacitada; y la dirección siempre estuvo en manos de las personas del barrio, que obviamente no fueron cuatro iletrados”, sostenía Raúl Frutos, uno de los socios fundadores y creador del sistema de biblioteca abierta.
Frutos no llegó a ver la restitución por la que tanto luchó, pero alcanzó a prestar testimonio en la causa judicial y su figura estuvo presente en muchos de los discursos en una jornada en la que se intentó reparar en algo el daño causado.
