La iniciativa, cuya discusión viene de larga data en el Congreso, reunió 211 votos, tras un debate de alrededor de tres horas. Hubo sólo un voto en contra, de la monobloquista Marcela Rodríguez.

El Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual tendrá el “fin exclusivo” de facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial vinculada a delitos de violación.

Por un lado, se registrarán los datos genéticos de personas condenadas con sentencia firme por abuso sexual. También se incorporarían fotografías actualizadas del criminal y una reseña de su domicilio actual y de traslado, de modo de poder hacer un seguimiento.

Por otra parte, el registro contaría con una sección específica dedicada a almacenar muestras obtenidas de las mismas víctimas, que serían incluidas en la base de datos.

El titular de la Comisión de Legislación Penal, Oscar Albrieu (FpV) explicó que no se trata de un banco al que podría acceder cualquier persona, ya que todos los datos serán considerados “sensibles y de carácter reservado” y solo serían suministradas a jueces y fiscales en el marco de alguna investigación por abuso sexual.

La información del registro -que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación- sólo será dada de baja trascurridos nada menos que cien años desde la iniciación de la causa, ya que “no rigen a este respecto los plazos de caducidad establecidos por el Código Penal”.

Fue ese uno de los puntos cuestionados por algunos diputados. Desde la UCR, Manuel Garrido consideró que “no hay necesidad” de conservar estos datos genéticos durante tanto tiempo, ya que “es un termino exagerado que rompe la tradición argentina en la materia”.

Su par María Luisa Storani, en tanto, también criticó que sólo se incorporen los delitos contra la integridad sexual y se excluyan los referentes a la integridad física.

Marcela Rodríguez justificó con énfasis su voto negativo, al sostener que “contradice las reformas feministas de los setenta, uno de los pocos avances de violencia sexual contra las mujeres”. También advirtió que el proyecto “no comprende quiénes son los violadores, quiénes son las violadas y por qué se comenten las violaciones”.

Más allá de esto, los cruces estuvieron marcados por las demoras en el tratamiento del proyecto proveniente del Senado, que contaba con dictamen favorable de la Comisión de Legislación Penal de Diputados desde noviembre del año pasado. “Fueron los opositores los que frenaron el avance del tema”, sentenció la kirchnerista Diana Conti, mientras Storani afirmaba lo contrario.