El Juzgado Federal de Concordia ordenó las detenciones en una investigación sobre una organización que, bajo el funcionamiento de una secta, captaba personas vulnerables para explotarlas laboralmente en un campo de la localidad de El Redomón. Doce víctimas -tres de ellas menores de edad- fueron rescatadas en allanamientos realizados el jueves pasado. Se conocieron más detalles.

Cuatro personas -dos falsos pastores y dos líderes de una congregación religiosa- fueron detenidas el jueves pasado como resultado de ocho allanamientos en el marco de un proceso en el que se investiga a una organización criminal dedicada al delito de trata de personas con fines de explotación laboral, que funcionaría bajo la fachada de una secta religiosa en distintas localidades de las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires.

Los dos "pastores" fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, a punto de abordar un vuelo con destino a España. Durante la madrugada del jueves fue allanado un campo ubicado en la localidad de El Redomón, departamento de Concordia, provincia de Entre Ríos, donde funcionaba la organización. Como resultado de ese procedimiento, doce víctimas fueron rescatadas, tres de ellas menores de edad, y se detuvo a los otros dos imputados, una pareja identificada como “líderes” o “tutores”, quienes serían los responsables del lugar, como también de haber retenido la documentación personal de las víctimas y realizado su vigilancia. En el allanamiento se secuestró una carabina marca Mahely Calibre 22 con 163 municiones, varias cajas con distintos medicamentos y teléfonos celulares.

En otros seis allanamientos realizados en localidades de la provincia de Entre Ríos y en Berazategui, Florencio Varela y Quilmes, provincia de Buenos Aires, se secuestraron diversos dispositivos de almacenamiento, folletos de la supuesta iglesia, medicamentos, cuadernos y documentación considerada de interés para la investigación.

Los cuatro detenidos fueron indagados la titular del Juzgado Federal de Concordia, Analía Ramponi, y la fiscal federal Josefina Minatta en orden al delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por abuso de una situación de vulnerabilidad, por ser más de tres víctimas, por la participación de tres o más personas y por existir víctimas menores de edad.

Uno de los “líderes” de la organización investigada solicitó la excarcelación, la cual fue rechazada por la jueza interviniente, quien compartió los argumentos relacionados a la existencia de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación expuestos de la Fiscalía Federal de Concordia.

Durante los próximos días están previstas las audiencias de declaración indagatoria de otras siete personas imputadas -que se encuentran en libertad-, que también formarían parte de la organización.

En tanto, las víctimas están siendo asistidas por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de trata de personas, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El funcionamiento de la organización

Según la investigación, la organización captaba a personas en situación de vulnerabilidad (marcada por sus estados de depresión, circunstancias familiares adversas, edades y situaciones socioeconómicas, entre otras), con el objetivo de congregarlas en reuniones "religiosas", con mensajes de fe y sobre la existencia de un "Dios” que se comunicaba a través de uno de los falsos pastores.

Las primeras reuniones eran realizadas en una casa quinta llamada "El Rincón del Tío ", ubicada en la localidad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, de donde son oriundos los hombres que oficiaban como pastores. En ese contexto, los ahora imputados lograban obtener la confianza de las víctimas y captar su atención, para luego trasladarlas y de reducirlas a la servidumbre, a efectos de que realicen diferentes tareas laborales en el denominado "Campo Iti Jerusalém" ubicado en El Redomón, departamento de Concordia.

En ese lugar, los fieles debían realizar tareas vinculadas al cuidado de los animales (ovejas, gallinas y cerdos, entre otros), y prestar sus servicios en ferias abiertas al público, sin percibir sueldo o remuneración alguna, incluso sin siquiera mantener contacto con el dinero que se recaudaba.

De acuerdo con la pesquisa, los miembros de la supuesta congregación le retenían a las personas captadas sus documentos de identidad, su documentación personal, sus teléfonos celulares y todo medio que permitiera su contacto con el exterior. Las víctimas podían utilizar únicamente los teléfonos celulares de los “líderes” o “tutores” del establecimiento los domingos y en un contexto vigilado. No tenían libertad ambulatoria ni de comunicación exterior por sus propios medios. Los únicos que tenían “el permiso” para conducir los vehículos para el traslado de esas personas y “el manejo” de las redes sociales de la supuesta congregación religiosa eran aquellos miembros que estaban encargados de la custodia, denominados por las propias víctimas como “mis autoridades”. De ese modo, los imputados lograban, finalmente, el despojo de los arraigos familiares de quienes estaban sometidos a la organización.

De acuerdo con la hipótesis de la investigación, en el marco de esa organización religiosa los imputados se valían de la subordinación espiritual de los seguidores, generando una sujeción en el contexto de una relación de dependencia, donde las personas reclutadas eran acogidas y explotadas laboralmente.

La fiscalía informó que el hecho investigado presupone una dinámica de reclutamiento como punto de partida y un proceso de captación en un contexto de persuasión espiritual. Las víctimas se habrían trasladado al predio de la iglesia “Iti Jerusalén” bajo el supuesto de que “Dios las había elegido y las había enviado ahí”. De acuerdo con la hipótesis de la investigación, en el marco de esa organización religiosa los imputados se valían de la subordinación espiritual de los seguidores, generando una sujeción en el contexto de una relación de dependencia, donde las personas reclutadas eran acogidas y explotadas laboralmente.

La investigación

La pesquisa comenzó en mayo pasado, tras una denuncia anónima recibida en la línea telefónica gratuita 145, coadministrada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) junto al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata. En esa oportunidad, una persona puso en conocimiento que una “secta religiosa captaba a personas de bajos recursos del sur del Conurbano bonaerense y las llevaba a la provincia de Entre Ríos”.

Por competencia territorial, la PROTEX le dio intervención a la titular de la Fiscalía Federal de Concordia, Josefina Minatta, quien efectuó una serie de diligencias probatorias a fin de acreditar los extremos denunciados y judicializó la investigación ante el Juzgado Federal de esa ciudad, que dispuso técnicas especiales de investigación.