El imputado exhibió documentación falsa del vehículo en el que transitaba cuando fue detenido en un control policial situado sobre la ruta 14 . El caso llegó a su fin mediante los nuevos procedimientos de resolución de conflictos previstos en el Código Procesal Penal Federal.

El Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi, homologó un acuerdo para que se concrete una donación de 70 mil pesos al Cuartel de Bomberos Voluntarios de esa ciudad por parte de un acusado de manejar un vehículo con una cédula de identificación falsificada. De esta manera, el juzgado coincidió con el pedido de la titular de la Fiscalía Federal de Concordia, María Josefina Minatta, que dictaminó a favor de una propuesta de reparación integral del perjuicio.

La causa había tenido su génesis el 12 de julio de 2022, aproximadamente a las 9.30, en el Puesto Caminero Paso Cerrito de la Policía de Entre Ríos, en la Ruta Nacional 14, cuando agentes provinciales detuvieron la marcha de un vehículo. Según se acreditó en el expediente, los uniformados requirieron la documentación reglamentaria a su conductor y este exhibió una cédula de identificación de vehículo que se encontraba asociada a otro dominio y presentaba signos característicos de falsificación.

Frente a este escenario, el conductor fue trasladado a la sede policial y luego fue liberado, pero imputado y a disposición del Juzgado Federal de Concordia. En este marco, se realizó una primera propuesta de reparación integral del daño, que resultó rechazada por tratarse de una suma irrisoria frente a los gastos que significaba el proceso mismo. Una nueva propuesta, esta vez con el ofrecimiento de una suma de 70 mil pesos pagaderos en dos cuotas, que por requerimiento del Ministerio Público Fiscal fue destinada al Cuartel de Bomberos Voluntarios de Concordia.

La fiscalía destacó que, de esta forma, mediante la utilización de los nuevos mecanismos previstos en la ley procesal penal se ha logrado desarticular un conflicto con una solución alternativa, que permitió agilizar el proceso -con beneficios para la administración de justicia y el propio imputado, en términos de celeridad- y ponerle fin con el aporte de recursos a una institución de bien público.