De acuerdo con la sentencia, simularon el vaciamiento de Waigel y Cia SA con traspasos de bienes a testaferros, con el fin de insolventarse ante más de 1700 acreedores. Dos directores y dos directoras de la empresa fueron condenadas a penas de entre cuatro y cinco años y ocho meses de prisión.

El Tribunal Oral Federal de Paraná dio a conocer el viernes los fundamentos de la sentencia por la cual condenó -en juicio unipersonal- el pasado 15 de junio a penas de entre cuatro y cinco años y ocho meses de prisión a dos directores y dos directoras de la firma constructora Waigel y Cia SA por los delitos de insolvencia fiscal fraudulenta y quiebra fraudulenta, ambos en concurso ideal, y a otras diez personas a penas de ejecución condicional. De acuerdo con lo acreditado en el proceso, las personas condenadas simularon el vaciamiento de la empresa con traspasos de bienes a testaferros con el fin de insolventarse ante más de 1700 acreedores. En la causa intervino el fiscal general José Ignacio Candioti, junto a los fiscales coadyuvantes Leandro Ardoy y Juan Podhainy, y con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

En sintonía con lo solicitado por el MPF, los cuatro miembros del directorio de la firma recibieron penas de prisión efectiva. La jueza Lilia Carnero sentenció a Miguel Artemio Waigel a cinco años y ocho meses de prisión, mientras que para sus hijos Maricel Alejandra y Miguel Francisco la condena fue de cuatro años y para su hija Nanci Waigel, de cinco, todos ellos en carácter de coautores. Su esposa, Rosa Inés Butazzoni, y sus sobrinos Juan Pablo y Andrea Waigel, también fueron señalados como coautores, y recibieron una pena de tres años de ejecución condicional.

A la misma pena fueron condenados en carácter de partícipes secundarios -por haber actuado como prestanombres- Daniel Campos, Silvana Vargas y Melisa Campos, junto con Benigno Keiner, el asesor legal Sergio Schmidt Bender y el auditor externo Miguel Ángel Banega. Marcos Waigel, sobrino del principal condenado, también fue señalado como partícipe secundario, pero con una pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional.

En la sentencia también se dispuso la suspensión del juicio a prueba de cuatro de los imputados y la absolución de otras tres personas, al considerar que estas últimas desconocían la existencia de las maniobras y que los Waigel se habían aprovechado de su situación de vulnerabilidad para que participasen de los hechos. El debate se llevó a cabo a lo largo de tres meses en los que participaron diversos testigos, entre ellos uno de los miembros de la sindicatura que intervino en la quiebra de la firma, profesionales de las ciencias económicas y víctimas acreedoras. Una vez concluida la recepción de pruebas, el Ministerio Público Fiscal realizó su alegato en el que acusó a dieciocho de las veintiún personas elevadas a juicio.

La causa tuvo origen a partir de una serie de allanamientos dispuestos en el fuero federal, a requerimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -que reclamaba deudas tributarias- en diversas dependencias de la firma, la cual se presentaba como una de las más fuertes de la ciudad de Crespo y alrededores.

De acuerdo con la sentencia, desde el inicio de la cesación de pagos los miembros de la empresa comenzaron a realizar múltiples maniobras de vaciamiento de la firma, que incluyeron la constitución de nuevas sociedades a las cuales le transfirieron activos de la empresa, como también la venta masiva de bienes inmuebles, vehículos de alta gama, ocultamiento de embarcaciones y maquinarias, y hasta la simulación de un contrato de alquiler de dos plantas de producción de hormigón con dividendos mensuales millonarios. Todo esto significó un desapoderamiento de más de 25 millones de pesos a la fecha de los hechos, entre 2007 y 2009.

En el proceso se acreditó que, en el marco de esta operatoria fraudulenta, intervinieron no sólo los miembros del directorio de la firma, sino también diversos allegados entre los que se incluían familiares y empleados, y también un auditor externo. A través de los informes contables de este último se disimulaba que la empresa se encontraba en cesación de pagos desde hacía varios años antes que la presentación que se hiciera solicitando la apertura de concurso preventivo, que devino en quiebra luego de que se fueran descubriendo estas maniobras.

En efecto, durante el proceso falencial se presentaron a verificar más de 1700 acreedores, entre ellos el fisco nacional, quienes hasta la fecha no han logrado cubrir sus acreencias en totalidad.

Entre la prueba documental analizada en el debate estuvieron las actas de las reuniones del directorio. En una de ellas, fechada en 2009, con la firma ya en cesación de pagos, se encuentra la resolución de que cada directivo recibiese una remuneración del equivalente a diecisiete mil dólares, junto con la propuesta de que cada uno recibiese además una renta vitalicia. Las maniobras asentadas dan cuenta que también dispusieron que se incluyera el pasivo en dólares a la misma cifra en pesos, cuando la tasa cambiaria ya era de más del triple.