El Plenario de Secretarios y Secretarias generales de AGMER definió la continuidad del plan de lucha docente, en reclamo de la reapertura de la discusión salarial.

El Plenario de Secretarias y Secretarios Generales, en forma virtual en la jornada de hoy manifiesta y declara:

Frente a la situación sanitaria de la Argentina y en particular de nuestra provincia, creemos necesario remarcar en primer lugar, la enorme preocupación que vivimos como sociedad ante el avance de la pandemia y la consecuente crisis económica que esta situación acarrea a todos los argentinos.

En momentos claves para el presente y el futuro de nuestro país, mientras los grupos concentrados de la economía fuerzan la política para no ver afectados sus intereses económicos, los sectores populares peleamos por sobrevivir. El escenario de la pandemia, puso al rojo vivo las desigualdades producidas por las políticas neoliberales.

Por eso, señalamos que es imprescindible que el gobierno de la provincia refuerce la atención a aquellos sectores cuyas condiciones de vida, antes de la pandemia, estaban sujetas a la pobreza.

Frente a la escalada inflacionaria que se viene dando, sobre todo a partir del pico del 53,8 % en 2019, los trabajadores de la educación no estamos ajenos a las consecuencias de esta crisis, con gran parte de nuestros compañeros por debajo de la línea de la pobreza. La inflación oficial acumulada en lo que va del año ronda el 15 %. Frente al valor de la canasta, el salario testigo fue retrocediendo en forma alarmante. La pandemia llegó en marzo con una discusión irresuelta, que hasta hoy sigue suspendida y debe retomarse ya!

Esto, en un escenario donde decenas de PYMES cierran sus puertas a diario. Y en el que los trabajadores en relación de dependencia pierden sus fuentes laborales, y si las conservan, tienen cerradas las discusiones paritarias.

En este contexto, el Gobierno de Entre Ríos aprobó la Ley de Emergencia, donde los principales perjudicados son los trabajadores y jubilados. Una vez más, quienes han venido sosteniendo los servicios básicos y esenciales de la comunidad (salud, comedores y educación, entre otros) costeado con recursos propios, deben ser quienes garanticen las funciones inherentes al Estado Provincial. Para decirlo en término de porcentaje: más del 64% de los recursos que el Estado piensa recaudar con esta ley, será aportado por trabajadores y jubilados, que lejos están de ser los que más ganan, como sostiene el gobierno en sus fundamentos de dicha ley. Estos mismos trabajadores ya venían siendo castigados por el impuesto al salario, (mal llamado impuesto a las ganancias), y ahora reciben un nuevo descuento, mientras que Bancos y Financieras aportarán el 15%, los terratenientes de más de 1000 hectáreas, el 7%; y Laboratorios y Farmacias, el 12%.

Reafirmamos que para resolver políticas al servicio de los intereses de nuestro pueblo, con presupuesto real es necesario tomar decisiones para que paguen quienes más se han visto beneficiados en los últimos años y jamás aportaron. En este sentido, vemos la necesidad de que incremente los gravámenes a los sectores concentrados de la economía. Frente a la disminución de la capacidad fiscal y sus consecuencias sobre las finanzas públicas provinciales, se debe impulsar la aprobación del proyecto de impuesto a los bienes personales (conocido como impuesto a la Fortunas) para los grandes patrimonios, revisar el rol del agente financiero de la Provincia, en función de asistir y promover las actividades económicas de interés para el desarrollo productivo regional, y la urgente corrección del esquema tributario, en cuanto al Impuesto Inmobiliario Rural, desalentando la especulación, la existencia de latifundios y la primarización de nuestra economía.

Reconocemos el valor positivo que tiene la asistencia del Estado nacional mediante la implementación de programas asistenciales, como el ingreso familiar de emergencia (IFE) y su incremento para el mes de septiembre. Pero, señalamos que es insuficiente, de acuerdo con las necesidades que atraviesan los sectores populares y las economías regionales, y observamos cómo el Gobierno de Bordet, implementó la Ley de Emergencia, descargando lo principal de la crisis sobre los trabajadores, totalmente a contramano de las políticas públicas que necesita nuestro pueblo en este contexto para la asistencia de trabajadores y PyMes, y la necesidad que los que más tienen, hoy deben realizar un mayor esfuerzo para paliar esta crisis.

Estamos dispuestas y dispuestos a luchar para que sean los sectores que históricamente se enriquecieron, quienes deban pagarla. Nos declaramos en contra de cualquier medida que pretenda descargar la crisis sobre las y los trabajadores y el Pueblo.

En este plenario reafirmamos una vez más la defensa de los bienes comunes que viene siendo, desde hace tiempo, una problemática abordada prioritariamente por nuestro sindicato.

Vemos con mucha preocupación la degradación de los humedales, los efectos nocivos en la salud y la pérdida de la biodiversidad.

Los incendios que hoy arrasan con más de 50.000 hectáreas en la zona del Delta Entrerriano, ponen en evidencia la desprotección legal y real que sufre desde hace ya mucho tiempo este ecosistema fundamental para la vida del planeta. Las quemas intencionales para obtener el rebrote de pastura para la ganadería, la expansión de la frontera agroindustrial, los terraplenes y emprendimientos inmobiliarios privados sumado a la bajante del río Paraná, ponen a los humedales del Delta en un situación crítica que necesita una respuesta urgente e integral de parte de los responsables.

Por lo tanto, exigimos un proceso judicial rápido de las causas que ya se han presentado a nivel local y provincial para detener los incendios y juzgar a los responsables, así como un tratamiento legislativo serio de una ley de humedales integral, que priorice la mirada ecocéntrica por sobre la productividad económica.

Además, en este análisis de situación de las y los docentes entrerrianos, enfatizamos que somos nosotros quienes en la actualidad estamos sosteniendo la Educación de la provincia, haciéndonos cargo, como en tantas otras ocasiones, de los insumos básicos para llegar a cada estudiante; esto es: conectividad, fotocopias, crédito de los propios celulares, computadoras, etc. Por todo lo expuesto es que se hace necesario y en forma urgente una recomposición salarial que demuestre que el estado provincial se responsabiliza de garantizar un presupuesto que haga viable la educación pública como derecho social, que contemple los índices inflacionarios actuales, la canasta alimentaria y, en definitiva, un sueldo digno para todas las trabajadoras y trabajadores de Entre Ríos.

Reiteramos nuestras reivindicaciones expuestas en el documento de la Multisectorial de Entre Ríos, convencidos de que son las exigencias que nos contienen como clase trabajadora adjuntando nuestras demandas que hoy hemos debatido y consensuado unánimemente en este plenario:

Exigimos la derogación de los Artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Emergencia.

La urgente reapertura de la discusión salarial de los trabajadores de la educación, de acuerdo a los criterios históricos de la Comisión de Salario: un salario mínimo inicial no inferior a la línea de pobreza y un porcentaje anual para todo el escalafón docente, activos y jubilados, de equiparación con el proceso inflacionario.

Que todo aumento salarial sea percibido en blanco.

Rechazamos el pago escalonado del SAC y los salarios de los trabajadores.

Exigimos el pago inmediato del saldo pendiente del Sueldo Anual Complementario del primer semestre

Reclamamos la visualización de los recibos de haberes en tiempo y forma.

Demandamos los recursos necesarios que permitan a los trabajadores contar con conectividad y equipamientos tecnológicos los cuales deben ser garantizados por el Estado.

Plan de acción:

Desconexión virtual:

• 11, 12, 13 de agosto (primer semana)
• 19, 20, 21 de agosto (segunda semana)
• Acciones Departamentales que visibilicen la continuidad de la lucha que llevamos adelante.