Dentro de la causa se ordenó el análisis de los celulares de los implicados y una serie de medidas para establecer lo sucedido el 18 de junio de 2022 en el marco de un “ritual de bienvenida” dentro de un establecimiento del Ejército.

De acuerdo a lo planteado por la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, interinamente a cargo de Aníbal Fabián Martínez, el Juzgado Federal de esa localidad avanzó en la investigación por la muerte de Matías Ezequiel Chirino, ocurrida dentro de un establecimiento del Ejército Argentino en junio de este año.

En el requerimiento de instrucción formulado por la Fiscalía, se le imputa a tres subtenientes, dos tenientes, un teniente primero y tres capitanes haber causado la muerte de Chirino a través de distintas acciones y omisiones, en el marco de sus funciones y aprovechándose de la autoridad que ostentaban.

El 18 de junio de 2022 se realizó una reunión al estilo de “bienvenida, bautismo y/o ritual de iniciación” dentro del quincho del casino de oficiales. Tanto a Chirino como a otros dos nuevos subtenientes se les impartieron distintas órdenes arbitrarias, además de haber sufrido una serie de maltratos. De acuerdo a la investigación, les exigieron que comenzaran a beber alcohol en exceso con el estómago vacío.

Como parte del mismo “rito”, los obligaron a colocarse ropa de gimnasia de verano y a sumergirse con ella en la pileta del lugar. Además, les ordenaron que cantaran y recitaran “la oración del soldado” y la misión del Ejército Argentino. Si se equivocaban, debían correr alrededor del quincho o hacer flexiones de brazos.

En el momento en que los tres nuevos subtenientes perdieron el conocimiento, los responsables los abandonaron en una de las habitaciones asignadas a uno de ellos. Chirino terminó en un colchón sobre el piso, sin siquiera una frazada a pesar de las bajas temperaturas de aquella noche.

Cerca de las seis de la mañana, uno de los imputados llamó a la enfermera de guardia y le pidió que vaya hasta la unidad porque uno de los nuevos integrantes “se había pasado de alcohol”. A las 06:30, ingresó a la habitación y notó que Chirino no presentaba signos vitales, por lo que comenzó a realizar la reanimación mientras se decidía el traslado del joven al hospital San José de Paso de los Libres, donde se constató el fallecimiento.

Para la fiscalía, con las evidencias recolectadas hasta el momento y con el grado de provisionalidad requerido para esta etapa procesal, existiría “relación de causalidad entre los abusos” que sufrió Chirino y su muerte. “Entiendo que los imputados no pueden alegar desconocer el disvalor de su conducta, se trata de personas con instrucción militar, que se ha de suponer, que tiene la capacidad de representarse que acciones pueden causar daños en la salud de otra persona”, señaló el representante del Ministerio Público Fiscal.

“Las particularidades del caso hacen pensar que los oficiales conociendo el daño que podían causar en la salud de los nuevos oficiales, con sus conductas crearon un peligro más allá del permitido lo que guarda relación de determinación con el resultado luctuoso”, detalló.

El suceso descripto se encuadraría bajo la figura de homicidio simple (previsto en el artículo 79 del Código Penal) en relación con lo sucedido con Chirino. Con respecto a los otros dos integrantes que también habrían sufrido estos maltratos, la situación se correspondería con el delito de abuso de autoridad. Ambos delitos concurren realmente entre sí (de acuerdo al artículo 55 del Código Penal) y los implicados deberán responder como coautores.

La resolución del juzgado federal

Tras una serie de pedidos que realizó la fiscalía y que llevaron a que la causa esté bajo secreto de sumario, el juez federal Gustavo Fresneda ordenó que se realice un peritaje telefónico a los celulares secuestrados en el expediente.

La semana pasada, el magistrado federal había dispuesto, de acuerdo con lo solicitado por el MPF, la realización de una nueva autopsia, medida que se efectivizará a través del Instituto Médico Forense dependiente de la Justicia de la provincia de Córdoba, con el que la justicia federal tiene convenios.