Entre las catorce personas condenadas hay funcionarios aduaneros y empresarios de la ciudad de Paso de los Libres y las condenas van de los tres a los cincos años y seis meses de prisión. El Tribunal ordenó el decomiso de inmuebles y objetos utilizados para cometer los delitos.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, integrado por los jueces Víctor Alonso, Manuel Alberto Moreira y Enrique Bosch-condenó hoy a catorce personas por lavado de activos y contrabando de bienes. En el debate, que comenzó en octubre de 2021, intervino el titular de la Fiscalía General ante el TOF Carlos Schaefer y la auxiliar fiscal Tamara Pourcel, que contaron con la asistencia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Los implicados integraron una organización que, entre 2015 y 2017, se dedicó al cobro de coimas, lavado de dinero -presuntamente procedente de delitos como narcotráfico y la trata de personas- y contrabando de bienes entre la ciudad correntina de Paso de los Libres y Brasil. Los fundamentos se conocerán el próximo 28 de abril.

En el debate se pudo constatar que la organización, con división de funciones y roles, realizaba viajes a Uruguayana, en Brasil, para trasladar dinero de manera ilegal, traspasando controles migratorios y aduaneros, muchos de ellos con anuencia de funcionarios públicos pertenecientes a la AFIP-DGA, que también fueron condenados.

Además de las condenas que van de los tres a los cinco años y seis meses de prisión, los jueces dispusieron el decomiso de inmuebles y objetos que fueron utilizados para cometer los delitos; la cancelación de la personería de dos firmas involucradas en la maniobra y la pérdida de todos los beneficios estatales que tuvieran las personas que resultaron condenadas. También ordenaron que, una vez que la condena esté firme, se pongan a disposición de la Administración Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) las armas secuestradas

Las condenas

Héctor Sebastián Gavarone, Héctor Marsilli y Fernando Daniel Marticorena fueron considerados coautores del delito de "lavado de activos agravado por habitualidad, como miembros de una asociación" A Garavone y a Marsilli les fijaron una pena de cinco años de prisión y deberán abonar una multa de dos veces el valor de los bienes objeto del delito mientras que a Marticorena lo condenaron a tres años. Con respecto a Pablo Martín Marsilli, los jueces lo condenaron a cinco años y cuatro meses por el mismo delito y por el uso de arma de uso civil condicional, además de que también deberá abonar una multa.

A Leonel Elías Zappa y a David Osmar Loza se les fijo una pena a tres años de prisión como partícipes secundarios del lavado mientras que para Eduardo Matías Bravo se estableció una condena de tres años y seis meses de prisión como participe secundario del mismo delito y por la tenencia injustificada de arma de uso civil condicional.

En relación a la responsabilidad de los funcionarios de la sede de Paso de los Libres de la AFIP-DGA, fueron condenados Carlos Martín Dubra, José Ángel Longhi, Horacio José Velozo, Carolina Alejandra Vesga Gómez, María Claudia Gatti, Lucia Pompeya Fernández y el denominado “pasero” Fabián Alfredo Moreno, quien llegó a juicio acusado de traspasar mercaderías a través de la frontera entre Corrientes y Uruguayana.

De esta manera, Longhi, Velozo, Vesga Gómez, Gatti y Pompeya Fernández recibieron penas de entre cinco y cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos al ser considerados responsables de los delitos de cohecho pasivo y contrabando agravado.

Por su parte, Dubra fue condenado a cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación especial perpetua por los delitos de "cohecho pasivo, contrabando agravado y tenencia de arma de fuego de uso civil".

Finalmente, Moreno recibió una pena de cuatro años de prisión por ser considerado responsable de los delitos de cohecho activo, contrabando agravado y tenencia injustificada de arma de uso civil condicional. Por otra parte, el Tribunal ordenó la absolución de siete personas.

En su alegato, los fiscal había solicitado penas de entre tres y diez años de prisión para las 21 personas que llegaron al juicio. En el debate también intervinieron las querellas que representaron a la Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA) y a la Unidad de Información Financiero (UIF).