Fue por considerar que la norma "contiene prescripciones que exceden los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación" en su fallo del 13 de marzo último.
Si bien el texto aún no fue publicado en el Boletín Oficial, Macri ya rubricó el freno a la ley aprobada por la Legislatura con 30 votos a favor y 29 en contra, a través de un decreto que también lleva las firmas de los ministros de Salud, Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Justicia y Seguridad, y por el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta.
La medida, que ya había sido adelantada por el jefe de Gobierno a través de la red social Twitter hace diez días, generó el rechazo tanto de las fuerzas políticas de la oposición, como de organizaciones sociales que defienden las interrupciones de embarazos en los casos contemplados en el artículo 86 del Código Penal.
Puntualmente, la ley vetada regulaba los casos no punibles cuando corría riesgo la vida o la salud de la mujer o la adolescente, o cuando el embarazo provenía de una violación y admitía como válido el consentimiento a partir de los 14 años de edad y no fijaba un plazo máximo de semanas de gestación para la realización de la práctica.
En el texto del decreto, el jefe comunal sostiene que la ley aprobada en la Legislatura "tal como ha sido redactada contiene prescripciones que exceden los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación" en su fallo de marzo pasado acerca de un caso particular.
Además, dice que el texto que la norma vetada "desconoce la homogeneidad del sistema jurídico establecido por la Constitución Nacional y contrarían expresas disposiciones constitucionales y del derecho de fondo, en especial teniendo en cuenta que se mantiene la calificación penal".
“La eventual incorporación al régimen jurídico de la Ciudad de un texto normativo que colisiona reiteradamente con el ordenamiento constitucional nacional importaría generar una multiplicación de conflictos, de muy probable judicialización, lo que por otra parte contraría los criterios que surgen de la exhortación que ha efectuado la Corte”, resalta.
Agrega que "por similares razones debe evitarse la vigencia de una norma que presenta contradicciones, y cuya efectiva implementación impedirá el cumplimiento de los fines perseguidos por la Ley, así como de los estándares establecidos por el Máximo Tribunal”.
Indica, como argumentación para el veto, que "debe evitarse la vigencia de una norma que presenta contradicciones", así como señala que "las prescripciones" incluidas en la propuesta legislativa "restringe en forma absoluta ciertos derechos de los profesionales" que trabajan en los efectores de salud.
Rechaza, en tanto, el artículo que admitía como válido el consentimiento a partir de los 14 años de edad para realizar la práctica al sostener que "ello resulta manifiestamente contradictorio con las disposiciones del Código Civil, que establece que los menores adultos son incapaces relativos para la realización de los actos de la vida civil".
La diputada María Elena Naddeo expresó, en declaraciones a Télam, "el total repudio y disconformidad con la decisión del jefe de Gobierno de vetar la ley" y agregó que "es falso se exceda los criterios planteados en el fallo de la Corte Suprema", al rebatir los argumentos del Poder Ejecutivo para declarar el veto.
Para la legisladora del Frente para la Victoria Gabriela Alegre, la decisión "niega rotundamente el fallo de la Corte Suprema y desprecia el trabajo de los distintos bloques de la Legislatura porteña que logramos consensuar y aprobar dicha ley en la última sesión".
Juan Cabandié, por su parte, se sumó al rechazo del veto y agregó: "lamentamos que sea así, pero no es una sorpresa esta actitud que se toma".
Por último, el diputado del MST, Alejandro Bodart, evaluó que "el jefe de gobierno de la Ciudad irrespeta el fallo de la Corte Suprema, avasalla un derecho mínimo de las mujeres e intenta sostener la moral arcaica de la cúpula de la Iglesia Católica que no le importa el dolor y las consecuencias psicológicas y físicas de una violación. Macri vetó la ley con la sotana encima".
La medida, que ya había sido adelantada por el jefe de Gobierno a través de la red social Twitter hace diez días, generó el rechazo tanto de las fuerzas políticas de la oposición, como de organizaciones sociales que defienden las interrupciones de embarazos en los casos contemplados en el artículo 86 del Código Penal.
Puntualmente, la ley vetada regulaba los casos no punibles cuando corría riesgo la vida o la salud de la mujer o la adolescente, o cuando el embarazo provenía de una violación y admitía como válido el consentimiento a partir de los 14 años de edad y no fijaba un plazo máximo de semanas de gestación para la realización de la práctica.
En el texto del decreto, el jefe comunal sostiene que la ley aprobada en la Legislatura "tal como ha sido redactada contiene prescripciones que exceden los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación" en su fallo de marzo pasado acerca de un caso particular.
Además, dice que el texto que la norma vetada "desconoce la homogeneidad del sistema jurídico establecido por la Constitución Nacional y contrarían expresas disposiciones constitucionales y del derecho de fondo, en especial teniendo en cuenta que se mantiene la calificación penal".
“La eventual incorporación al régimen jurídico de la Ciudad de un texto normativo que colisiona reiteradamente con el ordenamiento constitucional nacional importaría generar una multiplicación de conflictos, de muy probable judicialización, lo que por otra parte contraría los criterios que surgen de la exhortación que ha efectuado la Corte”, resalta.
Agrega que "por similares razones debe evitarse la vigencia de una norma que presenta contradicciones, y cuya efectiva implementación impedirá el cumplimiento de los fines perseguidos por la Ley, así como de los estándares establecidos por el Máximo Tribunal”.
Indica, como argumentación para el veto, que "debe evitarse la vigencia de una norma que presenta contradicciones", así como señala que "las prescripciones" incluidas en la propuesta legislativa "restringe en forma absoluta ciertos derechos de los profesionales" que trabajan en los efectores de salud.
Rechaza, en tanto, el artículo que admitía como válido el consentimiento a partir de los 14 años de edad para realizar la práctica al sostener que "ello resulta manifiestamente contradictorio con las disposiciones del Código Civil, que establece que los menores adultos son incapaces relativos para la realización de los actos de la vida civil".
La diputada María Elena Naddeo expresó, en declaraciones a Télam, "el total repudio y disconformidad con la decisión del jefe de Gobierno de vetar la ley" y agregó que "es falso se exceda los criterios planteados en el fallo de la Corte Suprema", al rebatir los argumentos del Poder Ejecutivo para declarar el veto.
Para la legisladora del Frente para la Victoria Gabriela Alegre, la decisión "niega rotundamente el fallo de la Corte Suprema y desprecia el trabajo de los distintos bloques de la Legislatura porteña que logramos consensuar y aprobar dicha ley en la última sesión".
Juan Cabandié, por su parte, se sumó al rechazo del veto y agregó: "lamentamos que sea así, pero no es una sorpresa esta actitud que se toma".
Por último, el diputado del MST, Alejandro Bodart, evaluó que "el jefe de gobierno de la Ciudad irrespeta el fallo de la Corte Suprema, avasalla un derecho mínimo de las mujeres e intenta sostener la moral arcaica de la cúpula de la Iglesia Católica que no le importa el dolor y las consecuencias psicológicas y físicas de una violación. Macri vetó la ley con la sotana encima".
