Francisco de las Carreras, quien debía intervenir en la causa que cuestiona la constitucionalidad de uno de los artículos de la Ley de Medios, fue a Miami invitado por el Grupo Clarín para participar de la III Cumbre de CERTAL.

 

Si bien CERTAL (Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el acceso de la Información en América Latina), se presenta como una entidad independiente, entre sus integrantes figuran altos directivos del multimedio.

 

Por caso, el presidente de la Comisión de Piratería de esa entidad es Santiago Piris quien en las notas subidas al propio portal del Centro aparece citado junto a las referencias “abogado-Cablevisión”, precisamente la empresa del Grupo que invitó a magistrados a Miami.

 

También la coordinadora general del capítulo argentino de CERTAL es Ana Recondo, según fuentes judiciales, hija del camarista Ricardo Recondo, miembro del Consejo de la Magistratura y uno de los disertantes de la cumbre que desató la polémica.

 

Recondo está sospechado además de haber intervenido en la irregular designación de magistrados para subrogar el juzgado que debe intervenir en los cuestionamientos a la Ley de Medios realizados por el Grupo Clarín.

 

La III Cumbre de CERTAL, auspiciada por Cablevisión y a la que fueron invitados los magistrados que deben tomar decisiones que podrían afectar los intereses de esa empresa, tuvo entre los disertantes también a Carlos Moltini, gerente de Cablevisión.

 

En su exposición, durante la cumbre que tuvo lugar en mayo de este año, Moltini se refirió al crecimiento de Cablevisión-Fibertel y a la Ley de Medios Argentina, entre otras cosas.

 

Otro de los hombres vinculados a Clarín que pertenecen a la organización CERTAL es Walter Burzaco quien figura en la comisión de Asuntos Públicos y Regulación, como director.

 

Burzaco preside la Asociación Argentina de Televisión por Cable que tiene como función la representación institucional de las empresas y otras asociaciones que conforman la industria del cable argentina: de allí su estrecho vínculo con ARTEAR y otras empresas del rubro audiovisual que domina el Grupo Clarín.

 

Sobre el periplo de De las Carreras –el caso que desató la investigación- se supo que estuvo en Miami quince días invitado por el Grupo Clarín para participar de la III Cumbre de CERTAL, a pesar de que la Corte Suprema sólo lo había autorizado a ausentarse cinco días.

 

Así lo revelaron fuentes judiciales a Télam, luego de que el Gobierno Nacional denunciara al magistrado ante el Consejo de la Magistratura por asistir a la III Cumbre de CERTAL realizada en Miami entre el 1 y el 3 de mayo de este año, evento que organizó el Grupo Clarín a través de Cablevisión.

 

Las mismas fuentes confirmaron que de las Carreras viajó acompañado por su esposa y, como parte de la invitación, ambos se alojador en el lujoso hotel Biltmore, el mismo que -a lo largo de su historia de casi 90 años- fue elegido por Al Capone, el ex presidente estadounidense Bill Clinton y hasta Carlos Menem.

 

La información sobre el viaje del vocal De las Carreras fue revelada el viernes por el diario Página/12, donde también se consignó que el Gobierno lo recusó.

 

“De las Carreras participó en un viaje de turismo a la ciudad de Miami, en Estados Unidos, financiado por el Grupo Clarín en la primera quincena de mayo, mientras tramitaba en su sala el caso vinculado” con la ley de Medios, dice el texto de la denuncia, al que tuvo acceso el matutino.

 

En el texto también se sostiene que participaron de ese viaje “los abogados del Grupo Clarín Fernando Llerena y Fabián Rodríguez Simón”.

 

Sin embargo, según se confirmó en las últimas horas, también participó del encuentro de CERTAL el Gerente de Asuntos Regulatorios del Grupo Clarín, Hernán Verdaguer, quien incluso fue uno de los oradores centrales del evento en el que participó el magistrado.

 

Verdaguer es uno de los siete directores de la organización CERTAL (Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el acceso de la Información en América Latina), que es presidida por Pablo Scotellaro.

 

En ese marco, en la denuncia presentada por el gobierno a través del ministro de Justicia Julio Alak, se pidió en base a los antecedentes que el magistrado, hasta tanto se decida la recusación, “se excuse de intervenir en las presentes actuaciones” relacionadas a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y no se descarta en el gobierno que estas revelaciones deriven en un juicio político al acusado.