La Corte Suprema de Justicia abrirá mañana con una audiencia pública la última instancia de debate en torno a ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, antes de pronunciarse acerca de la constitucionalidad de la norma.
El encuentro, en el que expondrán sus posturas representantes del Estado y del multimedio, comenzará este miércoles a partir de las 10.00 y en simultáneo habrá movilizaciones a la Plaza Lavalle de agrupaciones alineadas a la postura del Gobierno, en defensa de
la norma sancionada por el Congreso.
El máximo tribunal definió este martes a los diez "amigos del Tribunal" -cinco por cada parte- y a los denominados "independientes", entre quienes está la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien ya emitió un dictamen favorable a la constitucionalidad de la norma aprobada en 2009 por el Congreso Nacional.
La audiencia pública se dividirá en dos jornadas, este miércoles y jueves, antes de que la Corte decida sobre la compatibilidad de los artículos cuestionados por el Grupo Clarín con la Constitución Nacional.
Además de la procuradora, entre los "independientes" participarán este miércoles la defensora del Público, Cynthia Ottaviano, el Centro de Estudios en Derecho y Economía de la UBA, representado por Juan Vicente Sola, y asociaciones de comunicación, quienes tendrán 15 minutos cada uno para opinar
sobre la norma.
El jueves, en tanto, está previsto que expongan Clarín y el Estado Nacional: si bien el Gobierno aún no definió los oradores que lo representarán, sí lo hizo el grupo de medios que presentó a los abogados Alejandro Carrió, María Angélica Gelly y Damián Cassino.
Por Clarín, hablarán los "amicus" Observatorio Iberoamericano de la Democracia-Asdrúbal Aguiar Aranguren, con el patrocinio de
Carlos Laplacette y cuyo orador será Asdrúbal Aguiar; la Organización de Asociaciones de Empresas de Televisión Pagada para
Iberoamérica, representada por Eduardo Oteiza; y la Asociación Internacional de Radiodifusión, representada por Héctor Amengual y que tiene el asesoramiento del constitucionalista Gregorio Badeni.
En el listado del multimedio también figuran el Comité del Consumidor (CODELCO), representada por Francisco Durand Casali,
con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez; y el abogado Lucas Sebastián Grossman.
Por el Estado, los "amicus" son la Universidad Nacional de Lanús, la de San Martín, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Confederación Cooperativa de la República Argentina COOPERAR) y la Asociación Argentina de Juristas.
Algunos dirigentes políticos pidieron a su vez estar presentes entre el público, y fueron aceptados por la Corte, que dispuso la
transmisión de la audiencia, que tendrá lugar en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.
Se trata de la presidenta de la comisión bicameral de Medios de Comunicación, Liliana Fellner; el subsecretario general de la
Presidencia, Gustavo López; la senadora María Eugenia Estenssoro; la diputada nacional Laura Alonso; la titular de Defensa del
Consumidor, María Lucila "Pimpi" Colombo; y la legisladora porteña
María José Lubertino.
Este miércoles a partir de las 10.00, organizaciones alineadas con el Gobierno se concentrarán frente a Tribunales para escuchar
el debate, que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) transmitirá en vivo en Plaza Lavalle, en
Talcahuano y Tucumán.
El organismo estatal organizó para la jornada una radio pública y un foro popular del que participarán referentes del campo de la
comunicación audiovisual, además de referentes sociales y políticos.
Está previsto que a partir de las 17.00 se desarrolle el acto central en el que personalidades de la cultura, los medios
y la política, expresarán su apoyo a la aplicación integral de la Ley de Medios.
La ley en discusión fue aprobada en el 2009 por el Congreso y el litigio llegó a la Corte luego de que Sala I de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal que avalara presentaciones contrapuestas realizadas por el Estado Nacional, la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Cablevisión SA y Grupo Clarín.
La apelación del Gobierno respondía a que los camaristas habían declarado inconstitucional una parte del artículo 45, en los puntos que limitan la multiplicidad de licencias de televisión por cable, al tiempo que fallaron contra el segundo párrafo del artículo 48, que sostiene que la propiedad de las licencias "no podrá alegarse como derecho adquirido".
Sin embargo, el Grupo Clarín también apeló porque la Cámara declaró constitucionales otros artículos: el que restringe la transferencia de licencias (41); y el plazo de desinversión de un año -ya excedido- para grupos que superen el tope de la norma
(161).
