[caption id="attachment_3519" align="aligncenter" width="648"]
votación unánime de la que participaron 224 diputados[/caption]
Diputados aprobó el proyecto que modifica la ley sobre prevención y sanción de la trata de personas, en una votación unánime de la que participaron 224 diputados de la mayoría de los bloques.
La Cámara de Diputados convirtió esta noche en ley el proyecto que modifica la normativa sobre prevención y sanción de la trata de personas, incorporando severas penas para quienes incurran en ese delito, en una votación unánime respaldada por 224 diputados de la mayoría de los bloques del cuerpo.
La iniciativa fue debatida en el marco de la convocatoria a sesiones extraordinarias impulsada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras conocerse el fallo de la justicia tucumana que absolvió a los 13 acusados de la desaparición de la joven Marita Verón.
El debate, que se extendió por poco más de nueve horas, se desarrolló con la presencia de Susana Trimarco, quien fue aplaudida por los diputados cuando el presidente de la Cámara, Julián Domínguez, anunció que se encontraba en uno de los palcos del recinto.
También siguió el debate desde la Cámara baja, la senadora tucumana Beatriz Rojkes, esposa del gobernador de esa provincia, José Alperovich, y autora, junto al senador (mandato cumplido) Sergio Mansilla, del proyecto que se debatió hoy .
Además, los diputados exhibieron en sus bancas fotos de Marita Verón con el reclamo de justicia y otras imágenes con huellas de manos de color rojo con la leyenda "No a la Trata".
En la votación, a la que sólo faltaron 31 diputados, se registró una abstención, perteneciente a la diputada de Democracia igualitaria y participativa, Marcela Rodríguez.
En el inicio de la sesión, el diputado nacional por Río Negro del Frente para la Victoria, Oscar Albrieu, aseguró que la iniciativa "es un paso más contra la injusticia".
"Vamos a votar convencidos esta ley porque es un paso más que damos en la lucha contra la injusticia, en la defensa de los olvidados de la historia", enfatizó Albrieu, titular de la comisión de Legislación Penal de la cámara baja, al hablar en el recinto como miembro informante del dictamen de mayoría.
También, la oficialista tucumana, Stella Maris Córdoba, manifestó su satisfacción por el debate del proyecto y afirmó que "ésta es hoy la ley posible y va a ser una herramienta para la justicia para que no tenga excusas para decir que no hay pruebas cuando hay que condenar a los delincuentes".
Por el radicalismo, la diputada nacional María Luisa Storani anticipó el respaldo en general de la UCR al proyecto, al considerar que constituye "un avance en los derechos y protección de las víctimas" y destacó la importancia de que se elimine "la necesidad del consentimiento para castigar al acusado y que se amplíen los conceptos de proxenetismo".
"Estamos dando un avance importante y comprometemos nuestro trabajo para avanzar en más derechos y para que esta ley sea un avance concreto en cada rincón de la república", aseguró desde el FAP, Alicia Ciciliani.
Gladys González, del PRO, respaldó la iniciativa aunque dijo que le hubiese gustado "un debate más profundo" de la norma y afirmó que "es bueno que avancemos en esto y aprovechemos que en estos temas hay una profunda oportunidad para avanzar en cuestiones concretas de género".
La modificación a la Ley de Trata de personas plantea más derechos para las víctimas porque, además de buscar condenar a los culpables del delito, intenta dar un salto en la prevención.
Para las víctimas que tienen que testificar en un juicio, la nueva propuesta modifica el Código Procesal Penal para que las declaraciones sean realizadas ante un psicólogo designado por el tribunal y en ningún caso por las partes.
Otro de los puntos principales de la modificación es que el consentimiento de la víctima no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal para los autores del delito.
Además, ordena la creación de un registro de estadísticas, sobre la base de un sistema sincronizado de denuncias que deberá resguardar los datos durante 10 años, con fines de investigación.
