“Hace seis meses que los trabajadores esperan cobrar el aumento, la situación no puede esperar más”, dijeron desde el gremio, en referencia a la posibilidad de que los choferes paralicen los servicios en el arranque del receso invernal.



Las demoras para ejecutar los nuevos subsidios destinados a financiar parte del aumento salarial de los choferes de ómnibus de larga distancia amenazan con poner en peligro los servicios del sector en medio de las próximas vacaciones de invierno.
La conducción de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), el gremio que agrupa a los choferes de la actividad, acordó la semana pasada con las empresas y el Gobierno suspender cualquier tipo de medida de fuerza hasta el 10 de julio, a la espera del pago de la suba salarial del 23% convenida meses atrás. Pero advirtió que si hasta esa fecha no se concretan los aumentos, retomarán las protestas. “Hace seis meses que los trabajadores esperan cobrar el aumento, la situación no puede esperar más”, dijeron desde el gremio que conduce Roberto Fernández, en referencia a la posibilidad de que los choferes paralicen los servicios en el arranque de las vacaciones de invierno.
En tanto, desde las cámaras empresarias de la actividad explicaron que el atraso en el pago del incremento salarial se debe a que aún no fueron girados a las compañías los recursos correspondientes a los nuevos subsidios dispuestos por la Secretaría de Transporte para el sector. No obstante, se mostraron optimistas respecto a la posibilidad de contar con esos fondos la próxima semana, de manera de evitar nuevas medidas de fuerza.
En la última reunión que las partes mantuvieron en el Ministerio de Trabajo, las cámaras se comprometieron a derivar en forma directa al pago de los aumentos salariales los fondos que reciban por los nuevos subsidios estatales. Pero a la demora en la efectivización de la asistencia dispuesta por Transporte también se suma la discusión entre la UTA y las compañías de micros sobre la forma en que se abonará a los choferes el retroactivo del aumento salarial desde enero pasado.
Tras el conflicto que en mayo pasado paralizó durante cinco días los servicios de ómnibus de larga distancia en todo el país, el Gobierno anunció el 10 de junio un paquete de subsidios para las empresas del sector, que incluyó una compensación de $ 100 por cada pasaje de discapacitado y un subsidio de un peso por kilómetro recorrido para 14 corredores entre la ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del interior del país.
Desde las empresas aseguran que esa asistencia representa unos $ 22 millones mensuales, alrededor del 40% del costo de los nuevos incrementos salariales. (Cronista Comercial)