Este jueves la ATE llevará adelante un paro nacional de trabajadores municipales. En más de 800 ciudades de todo el país el gremio realizará protestas exigiendo cambios en las políticas salariales y laborales que se llevan adelante en el sector municipal.

 

La grave situación sectorial se mide con números que resultan incuestionables: 

– En la gran mayoría de los municipios no existen los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT).

– En más de la mitad de estos municipios los salarios no llegan siquiera a lo que se establece en el Salario Mínimo Vital y Móvil.

– Hay regiones del país donde los salarios se ubican en entre los 3.500 y los 5.000 pesos.

– En otras regiones, como en las provincias del Sur, que por sus costos de vida   tiene salarios más altos, la gran mayoría de los trabajadores municipales no percibe salarios de acuerdo a aquellas necesidades. La ATE denuncia en muchos puntos de la región que hay salarios de entre 10.000 pesos mensuales, pero  en donde los valores de la canasta familiar superan los 20.000 pesos al mes.

– En cuestiones laborales el sector del Estado municipal es uno de los más precarizados. Allí se agrupan distintas modalidades de contratación que van desde becados, locación de servicio, monotributistas, factureros, planes de inserción locales y jornalizados, entre otros.

– La precarización también se extiende al pago de las asignaciones. En la casi totalidad sus montos son dispares quedando la suma a criterio del intendente. Un ejemplo concreto es que mientras Nación abona una suma de 966 pesos hay comunas donde aún están fijas en torno a los 200 pesos.    

Si bien la brecha salarial entre trabajadores municipales y del resto en otros sectores del Estado se ha venido ampliando durante los últimos años, en el 2016 ha tenido una mayor disparidad. La inflación cercana al 40%  ha pegado de lleno en los salarios más vulnerables, como es el sector municipal. Pero también porque en muchas ciudades los trabajadores quedaron atrapados en los acuerdos salariales a la baja que los intendentes firmaron con sus sindicatos afines.

La definición salarial que se da en el Consejo del Salario sólo determina la obligatoriedad de su cumplimiento al Estado nacional y al sector privado. Las Provincias y municipios quedan exceptuados de cumplirlos por el derecho constitucional que emana de ser una  República Federal.   

La reforma del año ’94 marcó una nueva regresión en el modo distributivo de los ingresos coparticipables: de cada peso que se recauda, 75 centavos se los queda el Estado Nacional;  21 centavos se los quedan las provincias y los 4 centavos restantes quedan en los municipios.

La autonomía política, y por lo tanto financiera, de la que gozan intendencias muestran también su correlato en las disparidades salariales que hay entre trabajadores de comunas linderas y con similares ingresos de recaudación.

Para terminar con esta realidad, a veces producto de la arbitrariedad del jefe comunal otras por el pésimo manejo de las finanzas, la ATE viene pidiendo al Congreso una Ley que fije la obligatoriedad del pago del SMVyM en todas las áreas del Estado de modo que se resguarde universalmente el ingreso mínimo de cada trabajador. Así donde hoy un trabajador municipal puede percibir 3.500 pesos por la regulación de esa ley no cobraría menos de los 8.060 pesos (a valor de enero 2017).     

La segunda pata en importancia de la precariedad del trabajador municipal es la situación laboral. No gozan de vacaciones, ni antigüedad y demás derechos sociales que percibe el trabajador de planta permanente. Aunque por omisión, por encubrimiento municipal o porque existen múltiples maneras de contratar personal los datos no sean certeros, el rastreo hecho por la ATE permite trazar que existe casi un 50% de trabajadores municipales en condiciones informales de trabajo.  En el último tiempo el gremio ha detectado que una modalidad creciente es la contratación de jornaleros: la escala más baja de la precarización laboral.

La mayoría de las comunas carecen de CCT y muchísimas aún están regidas por estatutos que fueron redactados durante la última dictadura militar.

A poco más de un mes para que acabe el año otro problema que se repite son los vencimientos de los contratos. Se estima que entre trabajadores contratados por las provincias y por los municipios llegan a 600.000 la totalidad de trabajadores a los que se les vencen los contratos.      

La otra marca de la precarización la componen las asignaciones familiares. La última actualización hecha por el gobierno nacional fija su monto en 966 pesos. Salvo provincias son contados los municipios donde existe la equiparación. Casi siempre responde al criterio impuesto por el intendente.   

Para la ATE tampoco escapa a la realidad que este comportamiento casi calcado de los Ejecutivo municipales forma parte del objetivo de “disciplinamiento” que se busca imponer al conjunto de los trabajadores argentinos.